La desobediencia civil y la criminalización de la disidencia fue el tema tratado en la sesión del mes de febrero del ciclo de conferencias "Los lunes de los Derechos Humanos", que organizan en Barcelona conjuntamente Cristianisme i Justícia y Justícia i Pau, y que tiene lugar cada primer lunes de mes. La charla contó con la participación del jesuita José María Segura, licenciado en Teología por el Boston College y experto en Teología Pública y Movimientos Sociales; Gabriela Serra, de la Fundació per la Pau y experta en cooperación internacional; y Xema Moya, coordinador del Servicio de información y orientación para la Objeción Fiscal.

 

José María Segura, miembro del área social del Centro Pignatelli de Zaragoza, hizo un recorrido histórico por los orígenes de la desobediencia civil pasando desde San Agustín o Santo Tomás de Aquino a los reformistas, Thoreau, Gandhi, Martin Luther King o algunas integrantes de la LCWR (Leadership Conference of Women Religious) Abogando por la resistencia activa no violenta, reflexionó también sobre la visión de la desobediencia en el seno de la Iglesia. “La desobediencia inquieta dentro de la Iglesia", dijo, "pero en la historia de ésta ha habido personas que han desobedecido todo lo que fuera necesario ante la injusticia“.

 

Por su parte, Gabriela Serra, comenzó hablando de las 3 dimensiones que articulan la desobediencia civil no violenta: la resistencia, la disidencia y la incidencia. Al mismo tiempo reivindicó la desobediencia civil como herramienta de transformación política de la realidad y como forma de "enderezar la democracia que, con el tiempo, se oxida por la fuerza del miedo y la costumbre”. Serra puso como ejemplo antidemocrático la Ley Mordaza recientemente promulgada por el Gobierno del Estado.

 

Por último, Xema Moya, puso sobre la mesa una cuestión más práctica de la desobediencia civil y nos habló de la objeción fiscal al gasto militar y su imbricación en el antimilitarismo en España, confrontando la situación de crisis actual con el mantenimiento de un ejército con un presupuesto millonario que los recortes han afectado de forma muy escasa y desproporcionada respecto a la inversión social.