El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), obra del Apostolado Social de la Compañía, ha recibido con esperanza el inicio del procedimiento para la regularización extraordinaria aprobado en el último Consejo de Ministros. En la misma semana en la que se daba a conocer su informe La población de origen inmigrado en España 2025, el proceso se presenta como una posible respuesta a la situación de miles de personas migrantes que quedaron excluidas tras la reforma del Reglamento de Extranjería, aprobada en mayo de 2025.

Desde el SJM valoran este paso como una señal esperanzadora, fruto del amplio consenso social y de la movilización ciudadana en torno a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización, y subrayan la necesidad de que el procedimiento sea amplio y garantista.

Una realidad estructural del país

Los datos recogidos en el último informe del SJM confirman que la inmigración no es un fenómeno coyuntural, sino un elemento estructural de la sociedad española. A comienzos de 2025, casi 10 millones de personas residentes en España son población de origen inmigrado, lo que supone aproximadamente una de cada cinco personas.

El informe muestra, además, que el crecimiento demográfico del país en los últimos años depende de manera decisiva de la inmigración. Entre 2021 y 2025, la población total aumentó en torno a 1,7 millones de personas, mientras que la población de origen inmigrado creció en más de 2,1 millones. Una aportación sin la que España habría experimentado un descenso poblacional.

En este contexto, desde el SJM señalan que la regularización extraordinaria no consiste en una excepción, sino que trata de dar respuesta a una realidad social ya existente, formada por personas que viven, trabajan y sostienen sectores clave del país.

Principales orígenes de la población inmigrada

El informe del SJM identifica importantes diferencias según los países de origen. Marruecos continúa siendo el principal país de procedencia de la población nacida en el extranjero residente en España, con más de 1,1 millones de personas..

Sin embargo, en los últimos años ha adquirido un peso muy significativo la inmigración procedente de América Latina. Colombia y Venezuela destacan como los grupos que más han crecido desde 2022, impulsados por la elevada movilidad y la presencia de personas jóvenes y en edad activa.

Irregularidad administrativa y exclusión

Uno de los elementos centrales del informe es la constatación de un aumento de la irregularidad administrativa. Se trata de una situación que afecta de manera especial a personas que no han podido cumplir los requisitos exigidos tras la reforma del Reglamento de Extranjería, como la acreditación de dos años de permanencia, o a quienes han visto bloqueada su situación por la incompatibilidad entre la protección internacional y la normativa de extranjería. Este último aspecto ha sido impugnado por el SJM y otras entidades ante el Tribunal Supremo.

Desde la red del SJM advierten de que la irregularidad administrativa no es una anomalía marginal, sino una consecuencia de desajustes normativos que dejan a miles de personas en situación de invisibilidad, con graves dificultades para acceder a derechos básicos.

Un procedimiento en marcha

El procedimiento de regularización extraordinaria se tramitará con carácter urgente y culminará en un Real Decreto, tras la audiencia pública y el informe preceptivo del Consejo de Estado. Según la información oficial, podrán acogerse personas que hayan permanecido de forma continuada en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025. Las solicitudes podrán presentarse previsiblemente a partir de principios de abril y el plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026.

Desde el SJM aseguran que seguirán con atención el desarrollo del proceso y confían en poder contribuir a la elaboración de la propuesta normativa, con el objetivo de que el resultado final dé respuesta real a las situaciones de exclusión existentes.

La red del Servicio Jesuita a Migrantes reafirma así su compromiso de caminar junto a las personas que viven en la irregularidad administrativa, reivindicando su acceso a derechos, su amparo por el Estado de derecho y la posibilidad de ejercer plenamente su ciudadanía