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Empresas, Derechos Humanos y Medioambiente: Por una Ley “Made in Spain”

 

Desde la Plataforma por las Empresas Responsables (PER), de la que forman parte las ONG Entreculturas y Alboan, se ha lanzado una campaña para solicitar una ley española de diligencia debida que obligue a las empresas españolas a incorporar medidas para respetar los derechos humanos y medioambientales, y facilite el acceso a la justicia de las personas afectadas negativamente por la actividad empresarial en terceros países.

Desde que se aprobaron los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, hace ya más de una década, se ha avanzado mucho en la definición de obligaciones de diligencia debida empresarial. Sin embargo, la eficacia de las diferentes directrices ha resultado limitada. Hay demasiados casos documentados que muestran la facilidad con la que algunas empresas multinacionales han conseguido evadir su responsabilidad, mientras que las víctimas siguen a la espera de obtener una reparación.

Algunos países europeos han aprobado ya leyes nacionales que establecen obligaciones vinculantes de diligencia debida empresarial, así como regímenes sancionadores y disposiciones para facilitar el acceso a la justicia. Primero fue en Francia, en 2017, luego Holanda en 2019, y finalmente Alemania y Noruega en 2021.

Para homogeneizar el terreno de juego, evitar la fragmentación y dar seguridad jurídica a las empresas europeas, en febrero de este año la Comisión Europea publicó una propuesta de directiva sobre diligencia debida que será debatida próximamente en el Parlamento Europeo. En mayo más de 220 organizaciones de la sociedad civil denunciaron la existencia de importantes lagunas en el texto. Junto con la Red CIDSE, publicaron un análisis en el que observaron que la definición de los impactos adversos a los derechos humanos y el medio ambiente es muy limitada, la participación de las partes interesadas en el proceso de diligencia debida no tiene en cuenta la perspectiva de género ni las particularidades de algunos grupos vulnerables, y dejará fuera de obligación al 99% de las empresas europeas. 

En vista de la demora en las negociaciones de la directiva y sus limitaciones actuales, en Bélgica, Luxemburgo, Finlandia y España hay iniciativas para promover leyes nacionales. Desde la Plataforma por las Empresas Responsables han elaborado una propuesta técnica al respecto, y esperan que pueda tramitarse una Ley “Made in Spain” a lo largo de esta legislatura.

Desde el PER reclaman a los miembros del Parlamento español que aprueben ya una #LeyMadeInSpain. Se puede firmar la petición en visibles.org. El respeto a los derechos humanos y medioambientales no puede esperar.