En un momento de crisis social, económica y sanitaria excepcional, el trabajo de las administraciones públicas, con el apoyo de la sociedad civil, debe estar enfocado con especial ahínco en la inclusión social de todas las personas, sobre todo de aquellas en situación de vulnerabilidad. En el caso de la población migrante, el objetivo de inclusión será difícilmente alcanzable si no va aparejado con una regularización de su situación administrativa.
Las personas en situación irregular sufren una especial exposición a situaciones de exclusión social, explotación laboral y/o sexual y muchas viven en circunstancias que suponen una clara y evidente vulneración de sus derechos humanos; problemas en el acceso a servicios sanitarios, dificultades para encontrar puestos de trabajo- necesarios para su subsistencia - en esta emergencia, ausencia de lazos sociales, carencia de prestaciones públicas ante la ausencia de ingresos… El Servicio Jesuita a Migrantes, con una trayectoria continuada acompañando y documentando casos e historias de personas migrantes, propone el siguiente decálogo de medidas urgentes, en base a mecanismos legales ya existentes, enfocadas en prevenir la irregularidad administrativa sobrevenida, fomentar la regularización de perfiles vulnerables o que tienen un relación laboral informal, y evitar que la irregularidad sea un obstáculo en los próximos meses para el respeto y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes.