Tras los sucesos ocurridos en la tarde del 19 de octubre, en la que un grupo de personas internadas en el CIE de Aluche trataron de fugarse del centro, resultando heridos, al menos uno de los internos y diez agentes de policía, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) expresa su preocupación por la escalada de tensión y violencia que se está produciendo en los CIE y que se manifiesta en el largo historial sucesos cada vez más violentos.
El SJM reitera su rechazo a la violencia en todas sus formas, la ejerza quien la ejerza y expresa su solidaridad con las víctimas: personas internas, empleados del centro y personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
Los centros de internamiento de extranjeros son una institución que genera y perpetúa situaciones de violencia y sufrimiento inútil. La correlación entre privación injusta de libertad y las deficientes condiciones del internamiento constituyen una grave vulneración de los derechos de las personas internadas y actúan como detonantes de conflictos. Ante la gravedad de la situación, la gestión de la seguridad y la convivencia, que ha llevado a estos episodios de violencia, debe ser investigada, así como el uso proporcionado de medidas coercitivas durante y después del episodio vivido el pasado viernes.
En las actuales condiciones, la violencia inherente al propio sistema de los CIE unida a la ausencia de medios suficientes para garantizar la seguridad en los centros que han denunciado varios sindicatos policiales, ponen de manifiesto que los CIE son un riesgo para la seguridad de los internos, los trabajadores y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Se pone en evidencia la necesidad de reforzar y poner en valor la labor de los jueces, en especial de los jueces de control de CIE en la tutela de las condiciones del internamiento y para limitar la opacidad en la gestión de los CIE, y en particular de estos altercados.
Tal y como afirma el Defensor del Pueblo en el último informe anual del Mecanismo Nacional de Prevenciónde la Tortura, es preciso abordar con carácter urgente una reforma integral del sistema de internamiento, con en especial hincapié en las medidas alternativas a la privación de libertad. Apunta también a la necesidad de que los funcionarios policiales únicamente deberían encargarse de la seguridad de los CIE y que el trato con los internos lo lleve a cabo personal especializado, desplazando la gestión policial del CIE hacia una atención social y de protección.
El SJM ha denunciado en múltiples ocasiones la ineficacia de las políticas de internamiento como medidas de prevención, control y gestión de la migración irregular. Estas medidas de privación de libertad no son justificables dada la desproporcionalidad de la privación de derechos de las personas extranjeras en relación al interés legítimo del estado de la gestión de los flujos migratorios. Las deficientes condiciones del internamiento y la carencia de garantías materiales suficientes en los procedimientos de internamiento de extranjeros, especialmente en los exámenes previos de vulnerabilidad y expulsabilidad exigibles para decretar el internamiento de las personas extranjeras resultan en privaciones de libertad injustas que muchas veces afectan a víctimas de trata, menores o personas en necesidad de protección internacional.
Los CIE son espacios de desprotección que no reúnen las condiciones adecuadas de seguridad y que vulneran de forma continua de los derechos de las personas internas. Es urgente la inmediata revisión de las políticas de internamiento de extranjeros y la puesta en marcha de medidas alternativas a la detención que garanticen la seguridad y el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas.
CONSULTA AQUÍ EL POSICIONAMIENTO DEL SJME